Gobierno de José Luis Bustamante y Rivero

GOBIERNO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

(1945 – 1948)

Figura excepcional, respetuosa de los principios democráticos y propulsor de la soberanía marítima peruana. Fue el candidato presentado por el Frente Democrático Nacional, alianza que se apoyaba en un trípode constituido por el APRA, el mariscal Óscar R. Benavides y un grupo de personalidades independientes y el otro candidato era el general Eloy Ureta, candidato de la Unión Nacional Democrática (UND) y del sector de derecha de las fuerzas armadas partidarios del general Sánchez Cerro.

José Luis Bustamante y Rivero Venció en las elecciones de 1945 con una extraordinaria votación que alcanzó 67% de los votos válidos. Asumió la presidencia de la República el 28 de julio de 1945, Pero desde el primer momento tuvo que enfrentar problemas económicos y sociales, como consecuencia de la segunda guerra mundial que por esos días ya finalizaba. Escaseaban los productos alimenticios; había dificultades para el desarrollo de las industrias nacionales; escaseaba la moneda extranjera, entre otras situaciones que acentuaron la crisis económica que ya se perfilaba desde el final del gobierno de Prado. A estos problemas se sumó otro de carácter político difícil, al haber el APRA declinado su ofrecimiento de designar a dos de los nueve ministros que entonces componían el gabinete. El APRA argumentó que prefería concentrar por el momento su actividad en la función parlamentaria y mantenerse como ”observador” de la política del Ejecutivo. Esto significaba que pasaba a la oposición y que, por tanto, se quebraba el Frente Democrático Nacional.

Su régimen siempre se mantuvo respetuoso de la independencia de los poderes públicos así como de los partidos o facciones representadas en el Congreso. Esa fue su principal virtud democrática, pero también la causa del entrampamiento de su gobierno y su posterior caída.

El APRA había alcanzado la mayoría parlamentaria y desde el congreso controlarían al presidente, inclusive coparon las principales áreas de la administración pública aunque terminaron en actos de corrupción masiva. El APRA, que dominaba en el parlamento, y el gobierno pusieron en práctica una política destinada a favorecer de manera inmediata y relativa a los grupos populares urbanos, actuando en forma casuística para captar más adeptos, pero cada agrupación por su propio lado. Sin embargo, no se implementó una política coherente capaz de modificar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población, como la universalización del voto (los analfabetos, la gran mayoría, no tenían derecho al sufragio), la reforma agraria o la aplicación de un régimen de control al capital extranjero, medidas que eran parte del plan mínimo del aprismo desde 1930.

La difícil situación política configurada al inicio del gobierno de Bustamante y Rivero, complicó el adecuado enfrentamiento de los problemas económicos y financieros que enfrentaba el Perú. Bustamante y Rivero recibió un país con déficit fiscal, inflación y un Estado cada vez más intervencionista en la economía. Económicamente el Perú ingresaba a una época compleja: nuestras exportaciones, habían descendido tanto en valor como en volumen, mientras que las importaciones subían. Para controlar tal situación el gobierno decidió manejar el cambio de moneda, controlar el precio de determinados productos, incrementar los impuestos directos para aumentar los gastos públicos, subsidiar algunos alimentos – sobre todo los importados – cuyos precios subían rápidamente de precio en el mercado mundial y estableció licencias para la importación, en un momento en que la crisis del mercado internacional determinaba una aparatosa caída del valor y volumen de las exportaciones mientras que las importaciones aumentaban dramáticamente. Todo ello perjudicó al sector exportador, los obreros mejoraron su calidad de vida pero a la larga traería como consecuencia el desabastecimiento, racionamiento de productos, largas colas, especulación de precios y la inflación generada por el populismo con que actuó el gobierno. La inflación apareció y con ella se agudizaron las tensiones sociales y el reclamo del sector agro-minero exportador. El APRA, responsable en parte del populismo imperante, acusó al gobierno de ser el responsable de la crisis y originó un enfrentamiento muy peligroso contra el Ejecutivo. SE incrementaron las movilizaciones sindicales, se crearon nuevas organizaciones populares como: La Federación de Trabajadores Azucareros (1945), La Confederación Campesina del Perú (1947), La confederación General de Empleados (1946), y otros más, y se expandieron las manifestaciones de carácter nacionalista y popular. El parlamento aprovecho esta circunstancia para presionar al gobierno y lograr el reconocimiento de los sindicatos, solucionar los conflictos laborales a favor de los trabajadores.

El 1 de agosto de 1947, por decreto supremo 781, el gobierno declaró la soberanía marítima sobre las 200 millas del Mar Peruano adyacente a nuestro litoral y sobre su zócalo continental para aprovechar los recursos del subsuelo como de las aguas e islas. Según este decreto publicado por el entonces ministro Enrique García Sayán la soberanía sobre el espacio mencionado era para “reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren.

El mismo año, Bustamante y Rivero aprobó La ley del Yanaconaje imponiendo una remuneración salarial en las haciendas, fijando un monto específico de arriendo por tierras cedidas a los yanaconas, prohibiendo a los hacendados a desalojar a los mismos de las tierras ocupadas en sus dominios y proscribió la obligación de los yanaconas a vender su producción a los hacendados, eliminando así el sistema de explotación que más tiempo se ha prolongado en la historia del Perú. Las consecuencias a largo plazo no fueron las mejores pues los yanaconas - quienes fueron en aumento - se dedicaban más a sus parcelas que al trabajo en las tierras del hacendado.

También en 1947 se cumplieron los 25 años del Laudo de París y para dar cumplimiento a lo estipulado, el gobierno creó La Empresa Petrolera Fiscal para tomar el control del petróleo en el país. Extrañamente y con clara responsabilidad aprista se firmó El Contrato de Sechura defendiendo los intereses de la empresa norteamericana IPC para que explore y explote una vasta zona a cambio de mayores impuestos.

Para 1947 además, se tornaba conflictiva la relación entre el gobierno y varios sectores del país. Los exportadores no compartían la política económica del régimen, la presión popular iba en aumento de la mano de las huelgas en la capital y las manifestaciones y levantamientos campesinos en la sierra. El APRA responsabilizó de todo al ejecutivo y se alejó del presidente, dejándolo cada vez más aislado. Ese año la crisis se agudizó por la fuerte oposición que hiciera La Alianza nacional – nucleado por Pedro Beltrán – que consiguió un ausentismo parlamentario e impidiendo que se instale el congreso en 1947; sumado a ello el director de La Prensa – Francisco Graña Garland – fue asesinado y se sindicó a los apristas por la campaña anti aprista que desarrollaba el diario. Todos estos acontecimientos hicieron que el APRA sea declarado fuera de ley.

La oposición anti aprista y las críticas de la derecha inicialmente se dirigieron a la controvertida Ley de Imprenta que intentó controlar a los diarios de oposición. La oposición aumentó con el mencionado Contrato de Sechura pues la oligarquía denunciaba el entreguismo y solicitaba un mayor protagonismo de los capitales nacionales.

En los primeros días de octubre de 1948 los apristas alentaron una sublevación de La Marina de Guerra en el Callao. Tal acto fue reprimido con severidad por el gobierno, suspendiendo de inmediato las garantías constitucionales y reanudando la persecución a los militantes apristas. Unas semanas después se sublevaba en Arequipa el que fuera ministro de Hacienda del régimen: Manuel A. Odría y secundado en Lima por el general Zenón Noriega. El golpe fue alentado y financiado por la oligarquía feudal crispada por los impases del gobierno y el Congreso y dio inicio a la dictadura militar odriísta que se prolongó hasta 1956.

Obras importantes

En el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se construyó: la Unidad Vecinal Nº3 como paso inicial para resolver el problema de la vivienda en Lima; se iniciaron los estudios y trabajos para la irrigación de los valles del Chao, Virú y Moche; se dotó de agua potable a más de 20 poblaciones; se implantó la enseñanza técnico-industrial; se realizaron obras para ganar zonas desérticas y orientarlas a la agricultura como la irrigación de 1,700 kilómetros en las Pampas de Ensenada y Mejía (provincia de Islay en Arequipa); se crearon la Corporación Nacional de Turismo y la Empresa Petrolera Fiscal, , para la explotación de los yacimientos del norte del país; Se construyó la represa de Pacocha; Se continuó con la política del Seguro Social Obrero con el establecimiento de centros asistenciales; Se inauguraron los hospitales de Cañete y Chincha y se dejó en construcción los de Trujillo y La Oroya. En Lima se construyó el Hospital Bravo Chico (hoy Hipólito Unánue), para los enfermos de tuberculosis; Se mejoraron los caminos de penetración a la selva (Huánuco-Pucallpa y Olmos-Marañón); Se estableció la Corporación Nacional de Vapores, modernizando la antigua Compañía Peruana de Vapores; Se continuó la delimitación de la frontera con el Ecuador de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1942.